Un accionar jurídico más eficaz es necesario: no más revictimización e impunidad
Por: David Fabián Chávez
De acuerdo a la FLIP, en los últimos cuatro años se han conocido ocho asesinatos de periodistas y 618 denuncias por amenazas en diferentes partes de Colombia, ubicándola en el tercer puesto como uno de los países más peligrosos del continente para ejercer la profesión.
Está claro que Colombia se define como un país: alegre, deportivo, agrícola, con variedad en fauna y flora, mujeres bellas, grandes artistas y una muy mala memoria. Los colombianos obviamos hechos que cambiaron la historia de esta nación, en la que grandes voceros han sucumbido ante la fuerza del poder y la violencia, personajes que con su voz filtraban ante la sociedad las barbaries de los entes administrativos, judiciales y ejecutivos que dominan la soberanía colombiana.
Durante años los reporteros y periodistas que han representado una piedra en el zapato o un chicle en pelo para corruptos y políticos han sido amenazados e incluso asesinados, según el Centro Nacional de Memoria Histórica; el cual publicó un informe advirtiendo que 425 comunicadores han sido víctimas del conflicto armado desde 1958 y hasta el 2020.
Según el documento, 244 periodistas fueron víctimas de asesinatos selectivos, 149 de secuestros, 23 de desapariciones forzadas, tres de masacres; tres de violencia sexual; dos de acciones bélicas y uno de atentados terroristas. Casos como la condena por aceptación de cargos de la periodista Jineth Bedoya en el 2016 demuestra que Colombia sigue sin memoria y que además persisten los problemas frente a la victimización e impunidad.
Lo más inaudito, es que a pesar de estas cifras que no solo son alarmantes, sino que incumplen nuestra adorada constitución, norma de norma, es que no es suficiente para que el estado proteja la palabra y voz de los periodistas, ya que solo un 4 por ciento del presupuesto de La Unidad Nacional de Protección(UNP) es destinado al ejerció de esta labor. Además en el 2016 el estado colombiano retiró de medidas de protección a 21 periodistas, una decisión que nunca fue respaldada por los fallos judiciales en contra de quienes causaron el riesgo inicial.
Sin embargo los comunicadores siguen trabajando, informando incluso siguen arriesgando su vida con el fin de mostrar la verdad, a pesar de tener estas cifras en contra. Para los periodistas el silencio no es una opción, y es que en un país en donde históricamente callan a quien represente un peligro para los bolsillos y el poder, se hace difícil la labor investigativa y seria del periodismo y la reportería. ¿Qué nos queda? Seguir siendo censurados a nivel nacional, seguir quedando impunes frente a distintas amenazas o peor aún, quedar indefensos con el programa de protección; lo único que si resta es seguir informando y continuar siendo ese tejido permeable que logra visibilizar la verdad dentro de una sociedad.